Para los integrantes de la mesa directiva del PRO Berisso, la propuesta gubernamental de discutir una reforma judicial es “la peor idea en el peor momento”. A través de un comunicado, el partido ofreció sus argumentos, advirtiendo que la discusión no es oportuna cuando las urgencias pasan, por ejemplo, por resolver por ejemplo problemas agudos asociados a la economía y la inseguridad, que se hicieron más delicados con la irrupción de la pandemia. Del mismo modo, cuestionan que el gobierno convoque una comisión asesora de especialistas en su mayoría integrada por referentes identificados con su frente político. En tal sentido, entienden que “el único interés real es pulverizar las causas por corrupción” iniciadas en torno a figuras políticas de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, para finalmente marcar contradicciones en expresiones que al respecto hiciera públicas el presidente Alberto Fernández, antes de ser electo y ya en funciones.
El que sigue es el comunicado completo:
La peor idea en el peor momento
Con una notable falta de sentido de la oportunidad, el gobierno nacional decidió apartarse por un tiempo de los problemas provocados por la cuarentena y embarcar al país en lo que seguramente será una costosa discusión sobre la reforma de la justicia.
Muchos argentinos se encuentran hoy en un estado de justificada desesperación. Sin la posibilidad de poder trabajar, pequeños empresarios, empleados y operarios y cuentapropistas se desesperan cada día para conseguir los pesos que necesitan para poder comer. El quebranto que sufren nuestras PYMES es de tal gravedad que hay dudas fundadas sobre si podrán volver a la actividad una vez levantada la cuarentena. A ello se suma el temor y la preocupación que provoca la ola delictiva cada vez más violenta que nos afecta, producto en gran parte de la insensata e irracional liberación de presos que ha impulsado el kirchnerismo; muchos de los liberados estaban presos por delitos vinculados con el narcotráfico.
Como decíamos al principio, en ese contexto, el gobierno nacional ha anunciado la creación de una comisión asesora para la reforma de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Extraña escala de prioridades la de la administración que encabeza el presidente Fernández: cuando el pueblo argentino está preocupado por superar las carencias nuestras de cada día, las autoridades nacionales se empeñan en tomarlo distraído presentando esta comisión de expertos.
Si se tiene en cuenta que la ex-presidente de la Nación nunca tuvo una palabra de apoyo o simplemente de aliento para quienes sufren la cuarentena, resulta comprensible este apuro: su único interés real es pulverizar las causas por corrupción en la que es la principal procesada, junto con sus hijos y algunos secuaces.
Aunque debemos reconocer que también tiene otro objetivo: apoderarse de los organismos del estado que constituyen cajas importantes, porque “para hacer política se necesita plata”. Plata que hay que conseguir de cualquier manera, como se ha visto en los años en que los k fueron gobierno.
El gobierno publicó la lista de los expertos (y expertas) que han sido invitados a formar parte de la aludida comisión asesora. Son, en su mayoría, profesionales de prestigio. No obstante, un repaso rápido de la afinidad política de los nombrados permite aventurar que entre los que responden a la ex presidente y los de Alberto Fernández suman 8 sobre un total de 11.
Resultado cantado, seguramente a favor de una ampliación del número de miembros de la Corte y el funcionamiento en salas. Si, como lo establece la Constitución Nacional, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene como función primordial custodiar que en las causas que se tramitan en los distintos fueros se respeten todas las garantías y procedimientos que establece la misma Norma Suprema, es evidente que se apunta ahora a flexibilizar esa prescripción con el objeto de que lleguen a la Corte muchas otras causas. Ello explica por qué razón entre los que integran la comisión de expertos abundan los especialistas en derecho penal.
Qué otro objetivo puede tener el kirchnerismo que habilitar el funcionamiento de salas, a cargo de magistrados amigos, que se encarguen de procesos penales (lo que ahora no sucede) con el objeto de pulverizar las causas por corrupción que tanto están preocupando a la ex presidente de la Nación. Pulverizar esas causas y colonizar la justicia con una reforma a medida del fuero penal federal son designios que conducen hacia un claro objetivo: la impunidad.
Hace poco tiempo, el actual presidente de la Nación dijo que no consideraba necesario ampliar el número de los ministros de la Corte. Parece ser que cambió de idea. También afirmó que no pensaba cambiar la Constitución Nacional. ¿Significa ello que va a intentar modificarla?
Ello sería coherente con el pensamiento tradicional del justicialismo, que desde su nacimiento viene despreciando la norma dictada en 1853, por considerar que consagra derechos individuales que no son en definitiva los que importan a los sectores más humildes.
El desprecio por esos valores que a juicio del PJ pertenecen al llamado demoliberalismo burgués hasta el momento es expresado por algunos voceros periféricos del partido gobernante, que ponen en duda la calidad de derechos como el de propiedad y pretenden restringirlo o eliminarlo (recordar los casos Vicentín y Edesur, por ejemplo), como ya se ha intentado con la reforma de 1949. Dado el conocido modus operandi de los k, no sería de extrañar que ese “hasta el momento” fuera solamente el preanuncio de una ofensiva frontal contra esos derechos.
En medio de la cuarentena y la hecatombe social y económica, el gobierno avanza con estos temas que son del interés personal y casi exclusivo de la ex presidente. Quienes representamos a esa gran franja de la sociedad que votó por Juntos por el Cambio, la que ha demostrado su capacidad de organización y movilización en las calles en defensa de los valores superiores que dan forma a nuestra Patria, tenemos la obligación de representar cabalmente esos valores, en especial con vista a las cruciales elecciones de término medio del año próximo.
Para ello es necesario que ese auténtico Republicanismo Popular encuentre en nosotros el canal adecuado de expresión que está demandando.
