Esta semana, el intendente Jorge Nedela anunció su decisión de promover una iniciativa para que la Municipalidad de Berisso adhiera a la ley provincial que obliga a los funcionarios públicos a presentar declaraciones juradas patrimoniales. La iniciativa, conforme a lo que se adelantó a mitad de semana, sería tratada como tema único de la Quinta Sesión Ordinaria del Concejo Deliberante, convocada para el viernes 2 de marzo a las 11:00.
“Esta Ley fue impulsada por la gobernadora María Eugenia Vidal y aprobada por la Legislatura de la Provincia. Es una herramienta que busca trasparentar la función pública y fortalecer el sistema democrático”, explicó el mandatario. “Su objetivo es que aquellos que estamos ejerciendo la función pública le digamos a la ciudadanía cuál es nuestro patrimonio y finalizado el cumplimiento de las funciones públicas, poder comparar para ver si se modificaron esas situaciones”, añadió.
A la vez, explicó que quienes no puedan justificar un aumento patrimonial serán sancionados y, si el caso lo amerita, serán pasibles de una denuncia penal por enriquecimiento ilícito.
Para el intendente, la norma surge como reacción a ‘hechos lamentables que hemos visto a lo largo de los últimos años’. “Hemos observado que funcionarios públicos terminan enriqueciéndose de una manera vergonzosa. Para evitar esto y ratificar el rumbo de la ética pública que marca la gobernadora y el presidente de la Nación, avanzamos con este proyecto, que busca generar confianza en la ciudadanía, ya que muchas veces esa confianza ha sido herida por estos hechos”, determinó, consignando que el objetivo del proyecto que se someterá al análisis del Concejo es que la obligación de presentar declaraciones patrimoniales alcance a Intendente, Secretarios, Directores, Coordinadores, Concejales, Juez de Faltas y otros funcionarios del ámbito comunal.
Otro proyecto en el Concejo
Casi en simultáneo con el anuncio de Nedela, el concejal Carlos Festa, del bloque Cambiemos, brindó detalles respecto de una iniciativa que también presentó en el Concejo esta semana y que apunta al mismo objetivo, aunque estableciendo detalles puntuales respecto de alcance y de cuestiones operativas, que harían innecesaria una reglamentación complementaria.
En su proyecto, que según explicó espera se trate al iniciarse el período de Sesiones Ordinarias, Festa propone que la imposición de presentar declaraciones juradas patrimoniales alcance a Intendente, Jefe de Gabinete, Secretarios, Subsecretarios y Coordinadores del Departamento Ejecutivo, Tesorero y Contador Municipal, Directores, Concejales, Consejeros Escolares, Jueces de Faltas y Secretarios del Concejo Deliberante.
La fecha tope propuesta para la presentación de dicho documento es la del 30 de junio de 2018 y la Declaración Jurada debería presentarse en el área de Personal para incorporarse al legajo personal de cada funcionario. El contenido de dicha Declaración Jurada Patrimonial debería ser mantenido en secreto absoluto por la autoridad del área citada, bajo pena de ser responsabilizado de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Pero el contenido expresado en el exterior de los sobres lacrados sería de carácter público y deberían ser publicados en la página web oficial de la Municipalidad. Los datos allí consignados deberían ser, entre otros, el monto total de todo lo declarado, incluyendo el valor estimado de automotores e inmuebles, más el efectivo que se encuentre en poder del presentante, los depósitos en cajas de ahorro y/o cuentas corrientes bancarias, fondos de inversión, acciones en empresas y todo otro valor de importancia.
El proyecto también contempla cómo debería actuar un funcionario cuya situación patrimonial cambie durante el ejercicio de su cargo y establece los pasos del trámite que deberá encararse cuando alguien solicite formalmente la apertura de una o más declaraciones juradas patrimoniales de un funcionario o ex-funcionario. La evaluación de ese tipo de pedidos correría por cuenta de la Comisión de Labor Legislativa del Concejo Deliberante.
Entre los fundamentos esgrimidos por Festa en la redacción de la iniciativa se pone el acento en que la sociedad en su conjunto exige transparencia a los funcionarios públicos ‘a causa de múltiples hechos que hacen sospechar que muchos de ellos se ven cuestionados al momento de justificar sus patrimonios’.
“Las cuestiones patrimoniales de los funcionarios deben estar al alcance de los integrantes del pueblo, con la finalidad de aventar cualquier duda sobre la forma en que los integrantes de un gobierno gozan de determinados privilegios”, se lee en un párrafo del borrador.
También se remarca que en Berisso son múltiples los casos en los que distintos funcionarios fueron blanco de rumores de enriquecimiento o malversaciones, “sin que en definitiva se tenga certeza de ello ni hayan existido denuncias al respecto”.
