¿Servicio de 'asistencia técnica para fortalecer el sistema tributario’ o ‘privatización del cobro de las tasas’? Un expediente que pasó por el Concejo con fuertes cuestionamientos
En el recinto estuvieron presentes la presidente del Cuerpo, Vanesa Queyffer, el secretario legislativo Gabriel Lommi y los presidentes de bloque Nora Harmatiuk (PJ – Frente de Todos), Agustín Celi (interbloque Frente Renovador – Frente de Todos) y Mariela Cincotta (PRO). Vía Zoom participaron los concejales del Frente de Todos, mientras que los de Juntos por el Cambio decidieron no ser de la partida. Ese fue el esquema con el que el Concejo celebró el miércoles su cuarta sesión ordinaria.
El encuentro comenzó con el tratamiento de los Dictámenes de Comisión. A la de Hacienda fueron enviados los proyectos del bloque Juntos por el Cambio referidos al pedido de eximición del pago de la TSEH a los servicios de transporte de pasajeros, taxis y transportes escolares y a la declaración de la Emergencia para los jardines maternales privados del distrito.
El Proyecto de Ordenanza de convalidación de excesos del ejercicio 2019 recibió cuestionamientos de Agustín Celi, del Frente Renovador, quien utilizó unos minutos para exponer las razones de su rechazo al expediente.
“Por medio del Concejo creamos una comisión fiscalizadora de deuda de la cual soy parte para trabajar e investigar posibles hechos de corrupción. El proyecto de Ordenanza establece convalidar los excesos de gastos de la gestión de Nedela y de veinte días al intendente actual, pero no me parece correcto que por esos veinte días tengamos que aprobar este exceso de gastos”, planteó. “¿Qué es lo que estamos investigando en la comisión, si en el mismo órgano estamos diciendo que el exceso es legítimo?. Por un carril investigamos, por otro decimos que el exceso de gastos es legítimo”, insistió, poniendo de relieve por otro lado que no había plazo para aprobar el expediente. “Nadie nos corría para aprobarlo. Somos coherentes: vamos por la negativa y esa es la postura de coherencia que quiero tener hasta que finalice mi mandato”, indicó también.
A modo de respuesta, Vanesa Queyffer expuso que la aprobación del expediente no implica ‘avalar ningún tipo de procesamiento o malversación de fondos’. “Al intendente Cagliardi, por una cuestión legal le tocó cerrar el ejercicio 2019. Ante eso no lo vamos a exponer al intendente ante el Tribunal de Cuentas. La Comisión Revisora de Cuentas es el lugar en que estamos investigando para saber qué pasó. También somos coherentes y no tenemos ningún tipo de comunicación con el ex-intendente Nedela, es por eso que nosotros vamos a aprobar el exceso de gastos, porque representa una cuestión legal y no una contable; eso no nos impide que se deje de hacer una denuncia penal”, apuntó la edil solicitando la aprobación del expediente.
‘Privatización’ vs. ‘Asistencia técnica’
La sesión continuó con el tratamiento del controvertido expediente 4012-2696 / 2020 mediante el que la Secretaría municipal de Economía planteó la necesidad de contratar un ‘servicio de asistencia técnica para el fortalecimiento del sistema tributario’.
En señal de rechazo a la iniciativa, a la que definió como ‘una privatización del cobro de las tasas municipales’, el bloque de Juntos por el Cambio decidió no participar de la Sesión.
También exhibió sus reparos el concejal Celi, pese a conformar con su bancada FR el interbloque del Frente de Todos. “Estamos hablando de un servicio de asistencia técnica para el fortalecimiento del sistema tributario municipal, una de las funciones fundamentales que tiene el Estado: la recaudatoria. A través de esta Ordenanza estamos contratando a una empresa privada para que asesore, pero a su vez se lleva un gran porcentaje por ese asesoramiento”, cuestionó. “Obviamente que esa atribución debe mantenerla el Estado, porque no considero que lo lleve adelante una empresa privada. Nosotros tenemos que defender al Estado y al trabajador municipal, que puede llevar adelante esa tarea”, subrayó, en línea con lo que su partido había expresado a través de un comunicado en las horas previas.
A la vez, marcó la necesidad de ‘no tomar decisiones apresuradas’. “Si tenemos que esperar porque el personal municipal se tiene que capacitar o porque no hay plata para comprar los equipos, lo debemos hacer para respetar al Estado y no tercerizar, privatizar, asesorar… ¡Pónganle el nombre que quieran, porque es lo mismo!”, argumentó. “Es una empresa que viene a llevarse parte de tributos del Estado local, ya que estamos hablando de servicios generales urbanos y rurales, seguridad e higiene, derechos de construcción, publicidad y propaganda, ocupación, uso del espacio público. Esto no son recursos que vienen de Provincia, ni de Nación, son recursos propios de la ciudad que nos cuesta mucho conseguir”, expresó también.
Sus cuestionamientos estuvieron dirigidos también a la imposibilidad de debatir sobre cambios en el expediente. “Hubo reformas que los concejales del bloque planteamos y el expediente no sufrió modificaciones, no se pudo modificar una coma. Esto se puede extender hasta el 2026 y es darle un cheque en blanco a una empresa. No sabemos quién es, pero se lleva un 30 por ciento del tributo local”, sentenció, adelantando su decisión de abstenerse en la votación.
Desde la bancada oficialista, Vanesa Queyffer refutó las observaciones de su par, manifestando que la iniciativa apunta a la apertura de un pliego con el fin de permitir el ingreso de una empresa que pueda cobrar deuda que arrastran grandes empresas.
“Lo que propone el Ejecutivo es la recuperación de deuda de las grandes empresas de la ciudad que nunca aportaron. Están en Berisso, prestan el servicio, pero nunca dejaron un centavo, esto es lo que estamos proponiendo”, aseveró. “La oposición, a lo que se está oponiendo, es a lo mismo que se opuso a nivel nacional. Se están oponiendo a cobrarle a la empresa Edelap, ABSA, Cablevisión en la ciudad, a eso se están oponiendo. Esta Ordenanza bajo ningún punto de vista tiene como finalidad perjudicar a los pequeños comerciantes. No somos privatizadores, no apoyamos las políticas de los grandes negociados como sí sucedió en los últimos 4 años. Los que sí hicieron eso fueron los miembros de Juntos por el Cambio y como el ladrón, creen que todos son de su condición”, puntualizó luego.
A la vez, argumentó que la Municipalidad ‘no delega la cobranza porque esa es una premisa legal que no puede hacer el municipio’, aclarando que la empresa a la que se contrate ‘se encargará de cobrarle a las grandes empresas y de ahí se llevará el porcentaje’. “Esta medida sirve para que podamos recuperar deuda de un municipio que recibimos quebrado”, planteó, antes de que con los votos de su bloque el expediente resultara aprobado.
Ni el fondo ni las formas
En las horas previas a la Sesión, “Juntos por el Cambio” emitió un comunicado adelantando que sus representantes en el Concejo no participarían. “No podemos avalar una privatización de este estilo ni la manera en la que se quiere hacerlo”, argumentaron.
En tal sentido, enfatizaron que en el ámbito de la comisión de Hacienda ya habían expuesto que un proyecto de estas características merecía un ‘profundo análisis’. “El Frente de Todos ha decidido tratarlo de una manera expedita y en tan solo un par de comisiones siendo algunas de ellas de manera virtual”, se quejaron los referentes del frente opositor.
Del mismo modo, observaron que si bien públicamente el intendente Cagliardi expresó que la empresa a la que se asignara la labor de cobrar se llevaría el 25% de la recaudación, el dato no figura en el pliego enviado al Concejo.
Además, argumentaron que la Municipalidad cuenta en el área de Ingresos Públicos con trabajadores capacitados para realizar la tarea requerida sin la necesidad de recurrir a una empresa privada.
Criticando lo que definieron como una ‘lógica empresarial’, los representantes de Juntos por el Cambio manifestaron su temor de que sea éste “un primer paso del gobierno municipal para avanzar en otro tipo de privatizaciones en los servicios municipales”.
Numerosos interrogantes
“El dinero de los vecinos debe destinarse a la prestación de servicios y no al pago de una empresa”, es el encabezado con que el Frente Renovador -que en el Concejo formar parte con su bloque unipersonal del Frente de Todos- presentó su posición respecto al tema. Del mismo modo, desde el sector se afirmó que la tercerización impulsada se encuentra más cercana a las políticas que el Frente Renovador Peronista ‘combate’.
En un documento de prensa emitido esta semana, que lleva la firma de varios integrantes del espacio, se plantean varios interrogantes, entre ellos que el pliego no establece tope a la remuneración por el servicio que se encomendaría a la empresa a contratar.
También se formula la pregunta respecto de cuántas empresas cuentan con requisitos como los que se explicitan en el proyecto. En tal sentido, se subrayó que conforme a la propuesta, sólo resultarán válidos los antecedentes de los oferentes que hayan cumplido servicios similares en al menos un municipio de más de 150 mil habitantes en los últimos diez años y que acrediten cuatro servicios en municipios de más de 500 mil habitantes.
“Los impulsores de la medida sostienen que va dirigida a los grandes contribuyentes, pero cuando se les pidió plasmarlo en la norma se opusieron a excluir a los monotributistas y a propietarios de único inmueble. ¿Por qué?”, se lee también en el documento cuando se hace mención a otro de los interrogantes aún sin respuesta.
Los referentes del FR alegaron por otra parte que el Estado municipal debería apuntar a ser más eficiente en el manejo de los recursos disponibles y creativo en la búsqueda de incrementar la recaudación, capacitando al personal para que cuente con las herramientas que hicieran falta detrás del objetivo de alcanzar alguna vez el ‘equilibrio fiscal’.
Otro párrafo del documento porta una severa crítica al manejo que los gobiernos comunales hicieron de los recursos disponibles en los últimos tiempos. “Las administraciones se inclinaron al favoritismo político, basado en la constante ampliación de la planta política, designando funcionarios con alta remuneración en cargos innecesarios, sin ninguna responsabilidad en la administración local y en simultáneo el incremento de la planta de personal estable, que provoca ahogo económico y desequilibrio presupuestario en ocasiones resuelto por salvatajes de Provincia o Nación”, se lee en el comunicado, dejando abierta la puerta a varias interpretaciones en cuanto a los destinatarios de la crítica.
Intereses
El concejal y referente del partido vecinalista VAMOS, Pablo Swar, también dejó sentada públicamente su posición respecto de la iniciativa impulsada por el oficialismo.
“Una empresa se va a llevar un porcentaje muy importante de lo recaudado. Cualquier berissense que tenga una deuda con el impuesto municipal va a ser perseguido por esta empresa, que sin dudar va a buscar tener mayor índice de cobro para tener más ganancias”, expuso.
“Como peronista me da vergüenza que quienes dicen levantar las banderas del justicialismo hayan aprobado sin objetar esta Ordenanza. Creo que es arrodillarse ante un intendente que maneja el Municipio como si fuese su empresa. Hoy hay concejales kirchneristas que piensan más en sus intereses personales que en los del pueblo”, disparó el edil.
