En los últimos días se ratificó la intervención del Club Social que, de forma preventiva, se había establecido el pasado 22 de diciembre. En simultáneo, se confirmó a Gabriel Miraz como interventor, quien a partir de un instructivo será el encargado de administrar y regularizar la actual situación de las actividades que se realizan en el edificio ubicado en la calle Génova entre Montevideo y 166.
Según explicó Miraz, a partir de lo establecido por la Dirección Provincial de Personas Jurídicas ya está habilitado para tomar posesión del lugar y comenzar a indagar sobre aspectos de índole administrativo y edilicio para establecer lo pendiente y así poder comenzar a ordenar aspectos administrativos. El informe que produzca será elevado a la Subsecretaría de Justicia a través de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, quien establecerá los pasos a seguir.
“Estamos hablando de una institución que carece de presentación de balances formales desde el año 1999. Estamos hablando de una institución acéfala”, detalló Miraz, remitiéndose luego al Estatuto de la entidad, labrado en 1945. “Ante la inexistencia de socios, actividades sociales y faltante de elementos probatorios que den cuenta de una asamblea de socios -no dos o tres personas- y de una comisión formal, se procederá a nombrar un síndico”, advirtió.
Conforme a lo que el mismo Estatuto fija en su Artículo 41, de no cumplimentarse dichos puntos, el edificio debería pasar a manos del Hospital Larraín y Bomberos Voluntarios. Si bien actualmente se atraviesa una etapa investigativa de la situación institucional para Miraz existe una ‘fotografía’ que da cuenta de estos aspectos.
“Durante 18 años no se presentaron papeles. Ahora tendremos que ver qué sucede con el informe, más habiendo instituciones -una cancha de padel y el Centro Cultural María Roldán- funcionando en el lugar”, describió.
Es un dato que, para Miraz, la inspección de justicia a través del área de contralor sin dudas tendrá en cuenta a la hora de evaluar el caso. “Además de faltar documentación, están esas cesiones a privados para el usufructo, que no tendrían legitimidad, con lo que se presume que habría actos de irregularidad en el desarrollo y cumplimiento de la normativa estatutaria que no figuran en el Departamento de Rúbrica”, explicó.
Estos hechos quedarán tipificados y será la justicia penal quien decida sobre dichas acciones, al margen de los argumentos que presenten los particulares damnificados.
Miraz negó cualquier tipo de animosidad contra personas que alquilan el lugar. “Se puede interpretar que fueron estafados en su buena fe. No voy a juzgar a estas personas. Se suponía que había una constitución jurídica legal. Por lo tanto son damnificados de esta situación. Sin embargo, el estatuto expresa que no se podrán llevar adelante acciones políticas o religiosas”, aseveró. “Quienes se presentan ante la Dirección Provincial de Personas Jurídicas con un aval letrado son los hermanos Hachicho. Sin embargo no fue suficiente. Se ratificó la intervención, se me designó como interventor y se me otorgó el reglamento de marcos y funciones que tiene un interventor para manejarse en estos casos”, informó también.
