Centros de ex-soldados de Malvinas conscriptos que integran la MECOMA, entre los que se encuentra el CEVECIM Berisso y Ensenada, pidieron al gobernador Axel Kicillof el veto a la Ley aprobada el pasado 7 de octubre por la Legislatura bonaerense que otorga beneficios jubilatorios a ex-militares retirados de las FFAA que participaron en la Guerra de Malvinas. Conforme a referentes del sector, entre los militares beneficiados figuran algunos que torturaron soldados durante el conflicto bélico, así como represores de la última dictadura.
El lunes, los centros movilizaron a la Casa de Gobierno y gestionaron reuniones con funcionarios, entre ellos una que ya pudieron mantener con el subsecretario de Asuntos Parlamentarios, Javier Rehl.
En la nota presentada al mandatario bonaerense, los ex- combatientes aportaron sus argumentos para objetar la norma. “El Senado, entre gallos y medianoches, trató el expediente D-629/22- 23, aprobando un proyecto de Ley que crea un régimen especial de jubilación para los oficiales y sub-oficiales que participaron en la guerra de Malvinas y posteriormente ingresaron a la administración pública de la provincia”, establecieron.
En el escrito advierten que la gran mayoría de los ex-militares que ingresaron a la administración pública provincial, lo hicieron violando la Ley 10.430. “Los organismos de control de la Provincia brillaron y brillan por su ausencia, son mayoritariamente retirados por la Ley 19.101 de Pensiones y Retiros Militares, beneficiarios del Instituto de Ayuda Financiero de las FFAA”, argumentaron, entendiendo que ‘nunca debieron tener un cargo remunerado en la Provincia de Buenos Aires’. “Con esta ley pretenden obtener una doble prestación previsional, situación que no se ve reflejada en toda la legislación previsional de la República Argentina”, advierten.
Referentes de la MECOMA exponen que el expediente no pasó por ninguna comisión para analizar la cuestión de fondo en ninguna de las dos cámaras, donde sus organizaciones habían incorporado observaciones y oposiciones. “Evidentemente el lobby militar tuvo muchos adeptos, desoyendo los representantes de la democracia, las opiniones contrarias de las organizaciones de los ex combatientes soldados conscriptos, pero también de los organismos de Derechos Humanos y oposiciones como las de Estela de Carlotto, de la APDH, la Comisión Provincial de la Memoria, Madres de Plaza de Mayo, como así también de ATE y la CTA”, describieron, cuestionando particularmente a algunos funcionarios.
“Operaron fuerte por ejemplo en Lomas de Zamora, donde lograron el compromiso del Jefe de Gabinete Martín Insaurralde, quien motorizó la aprobación del proyecto”, mencionaron.
En su visita a Casa de Gobierno también presentaron información relacionada con ex-integrantes de las Fuerzas que serían beneficiarios a pesar de poseer denuncias en su contra de torturas a soldados.
“Ante la ineficiencia del Poder Judicial de la Nación estos hechos siguen impunes y quienes los cometieron gozarán del mismo beneficio que sus víctimas, los soldados conscriptos. La responsabilidad de que estos hechos sucedan a 40 años de la guerra de Malvinas recae en los diputados y senadores de todos los bloques políticos que dieron su voto positivo sin analizar sin siquiera de que se trataba el proyecto y cuál era el alcance del mismo”, señalaron ex-combatientes que participaron de la movilización, que también incluyó un pedido de entrevista al propio Kicillof.
