Se dieron en el marco del análisis del proyecto de adhesión al protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE). Condena del HCD y la Mesa local contra la Violencia.
En sendos comunicados emitidos en las últimas horas, el Concejo Deliberante y la Mesa contra la Violencia local denunciaron que diferentes concejales, tanto de la bancada PJ-Frente de Todos como del bloque Juntos por el Cambio, fueron blanco de manifestaciones de violencia y hostilidad.
En el documento emitido por el HCD, que lleva la firma de ediles oficialistas y opositores, se menciona que los mensajes amenazantes están relacionados con el tratamiento del proyecto de adhesión al protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE), que será analizado inicialmente en la Comisión de Salud y Asistencia Social del Cuerpo.
Desde el Deliberativo aseguraron que cuando la pandemia permita reactivar la actividad regular en el Cuerpo se generarán las instancias necesarias de participación para escuchar las voces de ciudadanos y organizaciones que quieran referirse al expediente. A la vez, convocaron a quienes hayan incurrido en los referidos actos violentos, a cesar con los mismos, tomando conciencia del daño que sus acciones generan en el ámbito del debate democrático.
Similar es el tono que utilizó la Mesa local contra la Violencia de Género para referirse al hecho. Desde el organismo también se repudiaron los ‘actos de acoso y violencia’ que alcanzaron a ediles, informando que se registraron a través de redes sociales y considerando que provienen de integrantes de grupos denominados ‘Pro-Vida’.
Es preciso mencionar que el citado protocolo está vigente en el territorio nacional desde diciembre de 2019, con adhesión de la Provincia desde enero de este año y que establece las líneas de acción que deben seguirse en el plano sanitario y legal ante casos puntuales en los que la interrupción del embarazo ya está autorizada por ley (embarazos con riesgo físico y psicológico para la salud o embarazos producto de una violación). La adhesión que manifiesten administraciones provinciales o comunales, por lo tanto, no tiene que ver con proyectos de interrupción voluntaria del embarazo que hasta el momento no obtuvieron aprobación en el Congreso.
