La dictadura militar instaurada en 1976 impregnó cada poro de la sociedad argentina y condicionó definitivamente la vida social, política, cultural y laboral del país.
La región, por sus características productivas y de producción intelectual, fue una de las más golpeadas en la provincia. Un emblema de resistencia y represión fue el Astillero Río Santiago, donde fueron asesinados y desaparecidos más de 60 trabajadores.
Entre ellos Miguel Ángel Soria, quien fue secuestrado de su casa de Berisso y asesinado en los operativos que los militares presentaban como ‘enfrentamientos’. Sus restos fueron hallados en el Cementerio de San Martín donde fue enterrado junto a otros compañeros como NN.
Antes
Para mediados de la década del ’70, Astillero Río Santiago daba trabajo a cerca de 5 mil operarios y otros 3 mil se vinculaban a través de empresas subcontratadas. La masa obrera se agrupaba en diferentes expresiones políticas y sindicales que fueron, a través de los delegados de sector, eje fundamental para la discusión de los convenios colectivos y la oposición a la burocracia sindical, entre otras luchas.
Desde 1974 a través de la Triple A y a partir del 24 de marzo de 1976 con el golpe de Estado, la fábrica fue uno de los blancos a derribar en el marco del plan sistemático de represión tendiente a eliminar las expresiones colectivas de organización y lucha.
El proceso que parecía gestarse bajo la presidencia de Isabel Martínez de Perón se radicalizó en el año 1975, cuando la clase obrera sufrió el avance de la política represiva en consonancia con políticas laborales y económicas poco favorables. En el marco de esta ofensiva, el ARS sería protagonista de importantes movilizaciones, asambleas y protestas.
Muestra de ello fueron las jornadas de junio y julio de 1975, donde una columna de trabajadores se movilizó hacia la sede de la CGT, en la ciudad de La Plata en defensa de la Ley 14.250 y las Convenciones Colectivas de Trabajo suspendidas por el gobierno nacional.
En el camino se realizó una asamblea en la plaza Belgrano de Ensenada, donde se sumaron operarios de Propulsora Siderúrgica. Camino a La Plata se incorporaron también trabajadores metalúrgicos de SIAP, Indeco, OFA, Batisti y Káiser Aluminio, entre otros. Ya en ciudad capital se sumaron las columnas de trabajadores de Petroquímica General Mosconi, Hilandería Olmos, Esniafa, Corchoflet, empleados públicos, docentes y no docentes de la Universidad Nacional de La Plata.
De la ciudad de Berisso llegaron movilizados los trabajadores del Frigorífico Swift, alcanzando la columna un número cercano a los 10.000 trabajadores. Una vez frente al edificio de la UOCRA, sede de la CGT regional, se eligió una comisión para negociar con los dirigentes y cuando se confirmó el encuentro, comenzó la represión. Los gases lacrimógenos dieron inicio a una serie de enfrentamientos que culminaron con disparos realizados desde el edificio de la UOCRA.
El episodio, conocido como ‘el Rodrigazo de La Plata, Berisso y Ensenada’ terminó con varios trabajadores heridos y otros tantos detenidos por la policía de la provincia.
El estallido de una bomba en la fragata Santísima Trinidad en la madrugada el 22 de Agosto de 1975, aparcada para su construcción en el Astillero, profundizó aun más el clima represivo al interior de la fábrica. A partir de entonces se incrementaron las intervenciones y las formas de seguimiento sobre los trabajadores, profundizadas por una concepción revanchista por parte de las autoridades. Cada tres operarios trabajando en el astillero, un infante de Marina los vigilaba.
El 11 de septiembre de 1975 fue asesinado el ‘Pato’ Noriega, operario fabril en un operativo que rodeó su casa en la ciudad de La Plata. Esa misma noche fueron secuestrados seis trabajadores del ARS. En respuesta se convocó a una medida de fuerza reclamando la aparición de los secuestrados. Hubo asambleas y gestiones tanto ante las autoridades del astillero como de la Fuerza Naval a nivel nacional. Una vez aparecidos, se retomaron las medidas de fuerza en función del reclamo por un aumento salarial. Durante esta segunda instancia del conflicto fueron secuestrados los delegados Ángel de Charras de la sección de montaje, Silvio Marotte de la sección maniobras y Alcides Méndez Paz, técnico.
Los tres fueron ‘legalizados’ como detenidos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires en el mes de febrero de 1976, tras cinco meses de detención, y, posteriormente, puestos en libertad, habiendo sido golpeados y torturados.
A estas primeras desapariciones se sumaron las grandes redadas que realizaban las fuerzas de seguridad, donde, por ejemplo en noviembre de 1975 cientos de obreros terminaban detenidos, entre ellos tres delegados del Astillero, conjuntamente con sus pares de Propulsora Siderúrgica y otras fábricas de la zona.
La tensión crecía a pasos agigantados y en enero de 1976 fueron secuestrados dos miembros de la comisión cuyos cuerpos fueron encontrados dinamitados, situación que movilizó a la región.
Hubo movilizaciones y medidas de acción directa convocadas por la Coordinadora de Gremios, Comisiones Internas y Delegados en lucha de La Plata, Berisso y Ensenada. Una multitud se acercó para despedir a los militantes y sufrió también la represión del ejército a través de redadas y detenciones.
En este marco se produjo el secuestro del delegado Mario Peláez. Los trabajadores resolvieron en Asamblea hacer presencia en la fábrica sin trabajar. La medida alcanzó tal contundencia que cuarenta y ocho horas más tarde, el ‘Mono’ apareció con vida, con claras evidencias de tortura. El 19 de febrero, dos días después de ser liberado de una detención de varios meses, es secuestrado, nuevamente Alcides Méndez Paz, quien apareció asesinado esa misma noche.
El 18 de marzo de 1976 los trabajadores iniciaron un paro progresivo repudiando las medidas económicas de dos horas por día por aumento salarial. Al día siguiente fueron secuestrados y asesinados tres operarios, Fortunato Agustín Andreucci, quien en sus horas libres complementaba sus ingresos como vendedor ambulante, Jorge Pedro Gutzo, quien vivía en el Barrio Obrero de Berisso y era delegado y José Luis Lucero, de 29 años. Los cuerpos de los tres operarios fueron encontrados acribillados en la localidad de Abasto.
Golpe a golpe
“Se comunica a la población que a partir de la fecha, el país se encuentra bajo el control operacional del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Firmado: Teniente General Jorge Rafael Videla, Almirante Emilio Eduardo Massera y Brigadier Orlando Ramón Agosti”.
Ese era el escalofriante texto difundido el 24 de marzo a las 3:10 de la madrugada, en el marco del primer comunicado de la Junta Militar.
Se oficializaba así la interrupción del vulnerado sistema democrático. Ese mismo día, en la fábrica se realizaron controles para el ingreso de los operarios. Las instalaciones eran recorridas por vehículos con artillería; un helicóptero sobrevolaba la planta; detrás de cada árbol se apostaba un infante de Marina y en el ingreso una mesa esperaba con un listado de los trabajadores que debían ser detenidos.
La presencia de las fuerzas militares se volvió parte del paisaje fabril. Las prácticas represivas de control llevaron a los trabajadores a tener que hacer colas de 4 horas para el ingreso y el egreso.
Además fueron sometidos a requisas permanentes -obligándolos incluso a la humillación de quitarse toda la ropa- para poder evaluar qué objetos llevaban. El mismo 24 fue detenida en el ingreso a la fábrica María del Carmen Miranda, quien tiempo después fue dejada en libertad. También se detuvo a la delegada del personal administrativo de la dirección del ARS, Ana María Nievas, quien fue trasladada a la Base Naval Río Santiago, donde estuvo detenida de forma clandestina.
Con la llegada del golpe se recrudecieron las detenciones de los obreros, los despidos y las políticas represivas. El manto de represión que impuso el terrorismo de Estado en ‘la fábrica’ interrumpió la dinámica gremial del Astillero, paralizando todo tipo de manifestación de resistencia frente a la nueva lógica impuesta en el lugar de trabajo.
Por un mundo mejor
Miguel Ángel Soria fue secuestrado el 6 junio de 1976. Tenía 23 años y era Delegado en el Astillero Río Santiago. Las fuerzas represivas fueron a buscarlo a la casa de sus padres en la calle 156 N Nº 863 entre Guayaquil y Callao. Miguel pasaba cada día al salir de la fábrica a ver a su hija Stella Maris, que pasaba las tardes con sus abuelos mientras sus papás trabajaban. Eran cerca de las 7 de la tarde y la nena miraba en la tele la pantera rosa. Stella creyó que eran amigos de su abuelo porque vestían de civil y comenzaron a charlar con él. Incluso un hombre mayor, vestido de traje, le hizo upa. Buscando a Soria también realizaron operativos en el departamento que compartía con su esposa Esther Buet en calle 18 y 66 de la ciudad de La Plata y en un conventillo cercano a la actual oficina de Edelap donde supo vivir Miguel.
“No sé hasta qué hora estuvieron ese día. Para mí fue un tiempo interminable”, describe hoy Stella, quien asegura también que tampoco pudo registrar ‘en qué momento se llevaron a papá’. Tras su desaparición comenzó un proceso que se replicó en la familia de cada víctima: visitar comisarías, presentar habeas corpus, realizar marchas y vigilias. Stella no necesitó explicaciones, ni tuvo necesidad de que le respondieran qué había pasado porque “fueron a buscarlo a casa”.
Con su aguda percepción y en silencio acompañó a su abuela en todas y cada una de las gestiones que hizo para poder encontrarlo. Incluso por las noches se sumaban a las vigilias que se hacían en la iglesia del padre Novak en Quilmes donde de a una entraban a la iglesia para poder respetar así el estado de sitio.
Y a esta búsqueda formal, se sumaba la que Stella realizaba casi instintivamente en la calle, buscándolo, volteando cuando la llamaban… “Siempre esperé que vuelva”, relata.
A pesar de su corta edad y los escasos recuerdos, los que alberga hacen que defina a su padre como ‘un hombre bueno que quería un mundo mejor’: las tardes de domingo en la plaza cercana al departamento, verlo llegar del trabajo, o los retos que su abuela le daba cada domingo cuando decidía trocar el descanso y los ratos en familia por el trabajo comunitario en el Barrio Obrero para que los vecinos pudieran tener agua.
Según se pudo reconstruir a través de los denominados Juicios por la Verdad, Miguel estuvo detenido en el Centro Clandestino conocido como “La Cacha”, en la Comisaría de Lanús y en San Martín, último lugar en el que se lo vio con vida. Sus restos fueron hallados junto a los de otros cuatro militantes. Habían sido enterrados como NN en el cementerio de esa ciudad. Según narra Stella, la muerte de Miguel habría llegado por un ‘enfrentamiento’, excusa utilizada con frecuencia para ocultar los fusilamientos. “El resto de los cuerpos tenían heridas de bala. Él no. Presentaba fracturas múltiples en el cráneo y en otras partes del cuerpo”, describe la hija del militante.
Muestra clave
Stella Maris concurrió junto a sus tíos Rubén y Norma para sumarse a la campaña que impulsa la Secretaría de Derechos Humanos y que tiene como objetivo la identificación de personas a través de la prueba de ADN. Las muestras de sangre se tomaron en el 2007, cuando recién se lanzaba la propuesta. En el 2010 se recibió el llamado desde el grupo de psicólogos que trabajan junto al Equipo de Antropología Forense.
“Cuando me llamaron pensé que alguna de las muestras estaba mal. Fui al equipo y me dijeron que con certeza habían identificado a mi papá, pero que no lo podía hacer público porque en el Juzgado todavía no estaba la resolución. Tardó bastante porque el cuerpo de mi papá estaba en una fosa con 4 personas y algunas de ellas estaban sin identificar”, aseguró. Los restos de Miguel fueron encontrados junto a los de Liliana Irma Ross de Rossetti, María Leonor Abinet, Gladis del Valle Porcel de Puggioni y Norma Robert de Andreu.
Finalmente, el 6 de abril llegó la notificación. Stella Maris podía unirse con los restos de su padre y la sensación era difícil de describir. “Hay una mezcla de emociones”, describía entonces. “Fue difícil encontrarse con los restos. Por un lado te ponés bien porque lo encontrás, pero uno cuando pierde a alguien se puede despedir, se despide de un cuerpo, en cambio yo tuve que despedirme de sus restos”, define al tiempo que advierte que ‘la historia no se cierra, porque la marca es para toda la vida’. “Hay que aprender a convivir. Trato de llevarlo a él. Es difícil no estar triste, pero a él no le gustaría que yo esté triste”, asegura mientras las lágrimas se funden con una sonrisa.
Ciencia y memoria para avanzar hacia el pasado
Miguel es el primer trabajador identificado del Astillero Río Santiago. Su cuerpo descansará en Parque Campanario. “La que murió buscándolo fue mi abuela. Me crié con ellos y viví con ellos hasta que murieron y quiero que esté con ellos”, menciona Stella. A pesar de la identificación, cerrar la historia se vuelve una tarea difícil con la que hay que pelear cada día. “Fue un proceso largo y creo que va a seguir toda mi vida. Lo que hay que tener es memoria para que estas cosas no vuelvan a ocurrir”, explica luego de haber brindado testimonio en el marco de los Juicios por la Verdad que se instruyeron en la causa caratulada como “Astillero Río Santiago”. En este nuevo contexto político, espera además, que continúe el proceso para poder seguir investigando la violación sistemática de derechos humanos durante el período más oscuro de la historia del país.
Homenaje en casa
Al cumplirse 30 años del último golpe de Estado, quien entonces se desempeñaba como presidente del Astillero Río Santiago, Julio César Urien, organizaba el primer homenaje a los más de 60 obreros desaparecidos y asesinados de ‘la fábrica’ por el accionar de la Triple A y las fuerzas represivas. Ese 24 de marzo se descubrió un monumento y una placa con los nombres grabados de los trabajadores que se recuerdan a continuación:
Alaye, Carlos Esteban
Astudillo, Jorge Omar (Gringo)
Andreucci, Fortunato
Agustín (Nato)
Arias, Diego Leonardo
Arfuch, Jorge Raúl
Arriola, Juan Carlos
Bautista, Armando José
Benítez, Pedro Ramón
Blassetti, Juan Carlos
Bonin, Eduardo Roberto (Negro)
Cabassi, Mario Guillermo
Campano, Simón Pedro
Cardinali, Edgardo José (Coco)
Carzolio, Hugo Daniel
Cascallares, Juan Ramón
Casciana, Miguel Ángel
Crema, Eduardo Luis
Denunzio, Cosme
Díaz, Ricardo Mario
Gallego, Mario Oscar
García, Héctor Rolando
Gutzos, Jorge Pedro
Icardi Ocampo, Jorge
Jamilis, Alberto Gustavo
Itzigsohn, Matilde de García (Tili)
Lucero, José Luis (Buen Día)
Massuco, Hugo A.
Martínez, Catalino
Méndez Paz, Alcides
Monteagudo Ferreiro, José Manuel
Moral, Jorge Néstor
Noriega, Mario Luis (Pato)
Nuez, Ricardo Alberto
Padín, Rubén Omar
Pasero, Carlos Roberto
Pinedo, Ángel Mario
Real, Jorge Máximo
Sampallo Leandro
Sander, Roberto Luciano
Silles, Juan Carlos
Simeck, Héctor
Soria, Miguel Ángel
Tello, Pablo Daniel
Valdez, Osvaldo (Cocho).
Algunos de los datos consignados en la nota fueron aportados por Stella Maris Soria. Algunos otros surgen de un trabajo de Ivonne Barragán, quien en la Universidad de Mar del Plata presentó en 2009 una tesis bajo el título “Prácticas y formas de resistencia de los trabajadores. Astillero Río Santiago 1974-1984”.
